La auditoría en las administraciones públicas
Últimamente se habla demasiado de la auditoría en las administraciones públicas, y es razonable, en especial en las que se produce un cambio en el órgano de administración. Cuando uno toma las riendas de un negocio, antes de acometer ninguna decisión que suponga un coste o gastos significativos para la entidad, debe conocer con precisión cuál es su situación patrimonial. Y esta situación la ofrece una auditoría de las cuentas de la administración correspondiente.
De forma resumida, podemos decir que el objetivo de la auditoría de cuentas es la emisión de una opinión sobre si la situación financiera que recogen las cuentas auditadas se corresponde, en todos sus aspectos significativos, con la realidad patrimonial de la entidad, expresada en base a principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.
En definitiva, en el trabajo de auditoría, se deben examinar las cuentas de la entidad, y esencialmente debe analizarse el balance. Un balance es una balanza donde en un platillo la entidad pone lo que tiene y denominamos técnicamente “Activo” y en otro lo que debe, que denominamos “Pasivo”, y por diferencia entre el activo y el pasivo, se obtiene su patrimonio neto. A su vez, dentro de lo que la entidad tiene, se ha de distinguir entre lo que puede hacer dinero a corto plazo (subvenciones a cobrar, impuestos a cobrar, etc.) y lo que son bienes a largo plazo que están asociados a la vida de la institución y no están disponibles para la venta, tales como edificios, instalaciones, etc. Al primer grupo de elementos se denomina activo corriente y al segundo activo no corriente. Igualmente es distinto tener que pagar un préstamo a los dos meses que hacerlo en cinco años, por eso también se diferencia entre el pasivo a largo plazo o pasivo no corriente del pasivo corriente o a corto plazo.
Existe un parámetro denominado fondo de maniobra, que compara el activo corriente con el pasivo corriente, esto es, lo que tenemos con lo que debemos a corto plazo. Si es positivo, podemos hablar, en principio, de equilibrio financiero. Si por el contrario es negativo, es decir que debemos más de lo que tenemos para pagar a corto plazo, la situación es delicada desde el punto de vista patrimonial.
Y ¿cuales son los procedimientos, las pruebas, que hacemos los auditores para asegurarnos de que el balance refleja la realidad patrimonial de la entidad? Pues básicamente las pruebas de auditoría van encaminadas a verificar que los bienes y derechos que lucen en el activo existen, son propiedad de la entidad y están correctamente valorados y para el caso del pasivo el objetivo es asegurarse de que la entidad no omita en sus registros contables deudas, en definitiva que no existan más deudas que las registradas.
¿Cual es el problema de los estados contables de las entidades públicas? Ciñéndonos a las entidades locales, con las que estoy más familiarizado, los errores suelen ser dos: la inclusión de derechos de cobro incobrables o de muy dudoso cobro y, sobre todo, la omisión de pasivos; esto es la no inclusión de todas las deudas dentro de lo que dicen deber. Para analizar si son buenos los derechos de cobro que lucen en el activo del balance, se analizan las cuentas por cobrar que dice tener el ayuntamiento y se mira el cobro posterior o las posibilidades del mismo. Básicamente aparecen recibos de contribuciones e impuestos pendientes de cobro de una muy notable antigüedad que, por diversos motivos no se cobrarán y lucen también expedientes de subvención solicitadas a distintas entidades públicas, básicamente de carácter regional, que en ocasiones tampoco se harán efectivas.
Para detectar pasivos omitidos, deudas no registradas, se remiten cartas a los distintos acreedores habituales que dispone el ayuntamiento, solicitándoles que nos indiquen la deuda que mantiene la entidad con ellos, se cotejan las cifras que aparecen en sus respuestas con las registradas en las cuentas municipales y se analizan las discrepancias que habitualmente se producen.
Mi experiencia es que existen divergencias significativas entre lo que reflejan las cuentas municipales y la realidad patrimonial de la entidad. Si comparo con empresas privadas, que son objeto habitual de mis revisiones, la diferencia es considerable. ¿Por que se producen esas diferencias? Pues, desde mi punto de vista, las entidades privadas están acostumbradas a la realización de auditorías de cuentas anuales y la contabilidad está habituada a esta situación que colabora en la transparencia en la información financiera. Además, existe el Registro Mercantil donde deben exponer públicamente tanto las cuentas como el informe de auditoría que menciona si tales cuentas reflejan la imagen fiel de la situación patrimonial de la sociedad.
Sin embargo, las administraciones públicas no están familiarizadas con este control. Teóricamente sus cuentas son auditadas por el Tribunal de Cuentas, pero eso es pura teoría, porque en realidad el citado tribunal carece de medios para efectuar la auditoría de todos los ayuntamientos o al menos los de mayor dimensión (por ejemplo los de un presupuesto superior a 5.000.000 euros). Y mi pregunta es inmediata ¿Por qué deben auditarse las empresas particulares y no lo hacen las administraciones públicas? La situación me recuerda la conversación con un cliente mío. Me decía: yo te pago con mi dinero para que tu digas lo que yo hago con mi dinero y además tenemos que exponer todo en el Registro Mercantil para que todo el mundo lo sepa, y sin embargo ¿por qué no vas al ayuntamiento y le haces una auditoría para que te digan lo que hacen con nuestro dinero?. Y la verdad es que el argumento está totalmente cargado de razón.
¿Por qué yo puedo solicitar en el Registro Mercantil correspondiente el informe de auditoría de cualquier empresa privada y no puedo solicitar lo mismo del ayuntamiento o de la institución pública correspondiente? Yo estoy convencido de que, con independencia de la ideología, los cargos públicos deben ser honrados y capaces y para analizar su honradez y capacidad en la gestión es necesario conocer la situación patrimonial del organismo que han gestionado, para poder votar al más capaz y honrado, al que mejor gestiona, al que mejor gobierna. Y para eso resulta totalmente imprescindible conocer las cuentas y el informe de auditoría anual de la correspondiente entidad pública.
Los ciudadanos tenemos asumido que debemos pagar impuestos, es una obligación que se encargaron campañas de publicidad en recordarnos y que desde luego es una realidad. Sin embargo, no existe consciencia en el sentido de exigir transparencia en decirnos que se ha hecho con nuestros impuestos. Y es algo fundamental para ejercer nuestros derechos y exigir responsabilidades.
¿Por qué se pide auditoría cuando se produce un cambio de gobierno en las administraciones públicas?. Si, en teoría, las entidades tienen medios para mantener un sistema de contabilidad que recoja fielmente su estado patrimonial ¿por qué no solicitan a su propia administración los documentos contables que les permitan conocer su verdadera situación?. Pues porque la información aportada no es veraz, porque si lo fuera carece de sentido encargar trabajos a auditores para que la muestren en sus informes.
Y ¿por que no es veraz la información que aportan los estados contables de las administraciones públicas? pues desde mi punto de vista hay varias razones. Las fases de la gestión presupuestaria para el caso de los gastos son las fases ADOP, esto es:
Autorización: es la fiscalización previa del gasto. Teóricamente no pueden autorizarse gastos que no estén previamente presupuestados. Si no existe dotación presupuestaria, no se puede incurrir en gastos.
Disposición: corresponde a la disposición del crédito presupuestario correspondiente.
Obligación: es el momento en que se incurre en la obligación de pago. Coincide con el devengo del gasto: el momento en que se produce la entrega del bien o la prestación del servicio.
Pago: con esta fase concluye el proceso presupuestario.
Esto es la teoría pero en la práctica se omite la fase de autorización: se incurre en gastos sin la debida autorización previa, sin conocer si existe dotación presupuestaria y fondos para pagarlos. Luego, si no existe dotación presupuestaria para acometer un gasto, pues no se contabiliza, o se contabiliza en el siguiente ejercicio en que se prevé la oportuna dotación presupuestaria. Pero, aunque no se contabilice, el gasto se ha producido y la deuda es real, pero es una deuda omitida, no registrada en los estados contables que se aprueban anualmente. Esta es una de las razones por las que aparecen pasivos omitidos en la contabilidad pública. Así se aprueban liquidaciones presupuestarias, cuadradas de forma artificial que, desde luego, no reflejan todos los gastos incurridos ni las deudas correspondientes. Los responsables políticos quedan bien ante todos, pero la realidad es otra bien distinta, por eso, cuando hay un cambio de gobierno, piden una auditoría independiente.
Revista UCAMAN. Número 73: LA AUDITORÍA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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